El 10 febrero el congresista por Arequipa Edwin Martínez Talavera, presentó el proyecto para expulsar a los extranjeros sentenciados por delitos o que cometen faltas.
Si un extranjero bebe en la vía pública, ejerce la prostitución, agrede físicamente o verbalmente a un peruano o lo discrimina deberá salir del país.
Una polémica iniciativa a decir del parlamentario «es la única manera (de) que ellos entiendan que están en un país al que deben respetar, valorar»
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Un intento de expulsar a ciudadanos venezolanos del Perú, que se suma a otros 10 proyectos presentados en el Congreso de la República. Ninguno se convirtió en ley.
Entre los ex congresistas que presentaron proyectos están los arequipeños Sergio Dávila Vizcarra y Hipólito Chaiña Contreras. Ambos proyectos fueron desechados.
Vulnerando los derechos de los extranjeros
Como en el caso del proyecto del congresista Edwin Martínez, Sergio Dávila propuso una modificatoria de la Ley de Migraciones. La iniciativa legislativa fue presentada el 15 de mayo de 2019.
Se planteó dos cosas esencialmente. Primero impedir el ingreso de personas que sean prófugos de la justicia o tengan antecedentes por delitos penales en su país de origen.
Ningún extranjero condenado o procesado por tráfico de drogas, trata de personas, tala ilegal, lavado de activos, terrorismo o delitos vinculados debería ingresar al país.
Otro componente del proyecto estaba dirigido a extranjeros condenados por delitos del Código Penal Peruano. Estos deberían ser enviados a su país donde deberían cumplir su condena.
Consultados especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo, declararon no viable el proyecto.
La principal observación fue la vulneración de la presunción de inocencia de los extranjeros, derecho establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Iniciativa para expulsar a extranjeros delincuentes
El proyecto del ex congresista Hipólito Chaiña Contreras, no buscaba modificatorias. Lo que pretendía era dar nuevos lineamientos para expulsar extranjeros y regular el ingreso de venezolanos al Perú.
Al igual que la propuesta de Edwin Martínez, esta iniciativa pretendía sancionar a quienes hayan cometido faltas administrativas o delitos establecidos en el Código Penal.
Estas faltas están contenidas entre los artículos 441 y 451 por agresiones, maltrato, hurto simple, perturbación de la tranquilidad, entre otras.
Este tipo de transgresiones son denominadas faltas contra las buenas costumbres, sancionada en casi todos los casos con trabajo comunitario y multas económicas.
Según el archivo digital del Congreso de la República la iniciativa legislativa no obtuvo trámite. Cabe recordar que el ex parlamentario galeno de profesión falleció en el 2021 producto del COVID-19.
Prostitución y agresiones castigadas con expulsión
La iniciativa del congresista Edwin Martínez también plantea la modificación de la Ley de Migraciones. Sin embargo, considera entre las causales de expulsión podrían resultar exageradas y transgresoras de la Constitución.
Se menciona a la prostitución como una causa directa, misma que no considera por la normatividad peruana como un delito. Esta actividad tampoco es una falta.
El Código Penal lo que sanciona es el proxenetismo. Acción que comete una persona ofrece los servicios sexuales de otras personas, cobrando una parte del dinero obtenido por la meretriz.
La modificación menciona la agresión física o verbal discriminatoria a un peruano sin motivación, como causa suficiente. Estos delitos en casos extremos pueden ser castigados con penas de cárcel.
Como en el caso de la iniciativa de Sergio Dávila, la premisa vulnera claramente el derecho constitucional de presunción de inocencia de los ciudadanos extranjeros, entre ellos los venezolanos.
Otra causal extrema es ser intervenido ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Este tipo de acciones tampoco contemplan sanción penal. Solo transgreden normas municipales sancionado en algunos casos con multas o servicio comunitario.
El uso de estas acciones como motivo de expulsión requeriría a la Constitución Política, al Código Penal e incluso al artículo 9 de la Ley de Migraciones, que no consideró el proyecto.
El artículo de la norma precisa «el Estado reconoce al extranjero el goce y ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú».