El colapso del puente Uchumayo, ocurrido recientemente, podría tener severas consecuencias económicas y legales para la empresa Concesionaria Vial del Sur S.A. (COVISUR). Así lo advirtió el presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa, Osias Ortiz Ibáñez, quien señaló que la compañía se expone a sanciones que van desde los S/5,350 hasta superar los S/5 millones (equivalente a 1000 UIT), además de una posible resolución del contrato de concesión e incluso denuncias penales.
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Según explicó la autoridad regional, el contrato de concesión vigente establece que COVISUR es la única responsable de vigilar el estado de la infraestructura y ejecutar su mantenimiento permanente. Sin embargo, tras el colapso, la empresa se limitó a emitir un comunicado extraordinario anunciando el cierre del puente, medida que el consejero calificó como «facilista» y que interpreta como un intento de deslindar responsabilidades.
Fiscalización congresal y supervisión técnica
El consejero por Caylloma hizo un llamado a los congresistas de la región Arequipa para que inicien un proceso de fiscalización que permita determinar si la concesionaria cumplió con las obligaciones contractuales. En esa línea, recordó que COVISUR debió presentar informes técnicos actualizados sobre el mantenimiento e inspección de puentes y vías antes del inicio de la temporada de lluvias, prevista para noviembre de 2026.
Dichos reportes debieron ser entregados al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). De no haberse cumplido con esta obligación, se configuraría una falta grave por incumplimiento contractual y deficiente supervisión de la infraestructura vial, lo que es pasible de sanción.
Reparación y posible modificación contractual
Ortiz Ibáñez. exhortó a OSITRAN y al MTC a evaluar de inmediato las sanciones correspondientes contra COVISUR. Precisó que, más allá de las multas, la empresa tiene la obligación ineludible de reparar o reconstruir la infraestructura dañada.
En caso de que la resolución del contrato no sea viable, el consejero planteó como alternativa evaluar la modificación del mismo mediante adendas que permitan fortalecer los mecanismos de control sobre la concesionaria y garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro.
El colapso del puente Uchumayo no solo afecta la conectividad vial en la región, sino que ha puesto en tela de juicio la efectividad del modelo de supervisión y mantenimiento a cargo de concesionarias privadas. Las próximas acciones de los organismos reguladores y del Congreso serán determinantes para establecer responsabilidades y asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias.
