Lima: 10 muertos en incendio provocado por extorsionadores

Cinco niños y cinco adultos perecieron al ser incendiada una casa situada en el cercado de Lima. Los extorsionadores exigían S/ 700 a los agraviados para dejarlos trabajar con tranquilidad.

El crimen organizado marcó un nuevo y terrible récord de violencia en el Perú no vista desde los tiempos del terrorismo en el país. Un grupo de extorsionadores incendió una vivienda en el cercado de Lima y acabó con la vida de 10 integrantes de una familia emprendedora. Entre los muertos, hay cinco niños. Entre los escombros los rescatistas hallaron a una madre abrazada a su bebé de tres años, ambos completamente calcinados.

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Según lo relatado por vecinos y familiares de la familia Vilches, el incendio se habría iniciado aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, cuando unos sujetos se acercaron a la vivienda ubicada en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla.

En un área de aproximadamente 80 m², la familia había levantado una casa de madera y, en la parte superior, un cuarto que también era usado por integrantes del mismo grupo familiar. En ese lugar vivían 17 personas.

Atrapados sin salida

El fuego se propagó rápidamente debido a que la familia se dedicaba a la venta de colchones y los almacenaba en la entrada del inmueble. Una familiar señaló que, cuando los colchones comenzaron a arder, la emergencia se volvió prácticamente incontrolable, quedando los moradores atrapados sin posibilidad de escapar.

Solo 7 de las 17 personas que habitaban la vivienda lograron salir con vida. En el lugar, la estructura quedó reducida a cenizas; lo único que permaneció en pie fue un lavadero. El inmueble, al estar construido principalmente con madera, facilitó la rápida expansión del fuego. En el interior había columnas de madera y, según lo descrito, allí descansaban varios menores de edad.

El saldo de víctimas incluyó a cinco menores de edad y cinco adultos. Entre los fallecidos, familiares identificaron a Leónidas Vilches Moscoso, José María Vilchez Cuadros, Orestes Vilches Cuadros, Paola Vilches Cuadros y Catherine Gómez, pareja de Orestes y ciudadana venezolana que se encontraba en el inmueble cuando comenzaron las llamas. En cuanto a los menores de edad, se informó que tenían entre 3 y 15 años.

Renzo Rojas Mesa sufrió quemaduras al intentar salvar a su familia de las llamas. El padre perdió a tres de sus hijos y a su esposa en el incendio provocado por los extorsionadores.

Desgarradora escena

Durante las labores de rescate tras el incendio en La Victoria, agentes de la Policía Nacional del Perú encontraron una escena que evidencia la magnitud de la tragedia: una madre fue hallada abrazando a su bebé de tres años entre los restos calcinados de la vivienda.

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la PNP, relató que la madre cubrió el cuerpo de su hijo menor intentando protegerlo de las llamas que consumieron el inmueble. «Probablemente ahí se ve a una madre abrazando a su bebé, una criatura de 3 años. Es desgarrador», señaló el oficial sobre el hallazgo.

La extorsión

La familia Vilches, afectada por el incendio en La Victoria, había sido víctima de amenazas y extorsiones previas. Según los deudos, el grupo familiar se dedicaba al trabajo de taxi en motos eléctricas y, un mes antes del siniestro, comenzaron a recibir mensajes extorsivos.

Los delincuentes exigían el pago de S/ 700 semanales por cada una de las diez motos eléctricas que utilizaban para su labor diaria. Los familiares aseguraron que presentaron denuncias ante las autoridades policiales antes del ataque incendiario.

La vivienda de madera quedó reducida a cenizas.

El reto del gobierno

Este caso evidencia una realidad que ningún peruano puede ignorar: el crimen organizado ha escalado a niveles impensables. Ya no se trata solo de extorsiones económicas; ahora los delincuentes queman viviendas con familias enteras dentro para sembrar terror.

El gobierno —actual y el que viene— tiene el desafío no solo de capturar a los responsables de esta masacre, sino de desarticular las redes criminales que operan con total impunidad en Lima y en todo el Perú. La pregunta que queda en el aire es inquietante: ¿cuántas familias más tendrán que morir para que el Estado actúe con firmeza?

La presidente electa Keiko Fujimori, llegó al lugar para expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas mortales.

No es un caso aislado. En lo que va del año, casi un centenar de conductores de transporte público han sido asesinados en Lima, y el Estado sigue sin poder frenar a las mafias. Lejos de retroceder, la violencia crece. Y si no se actúa ya, lo peor está por venir.

 

 

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