Luego de tres días de audiencia de prisión preventiva contra los presuntos integrantes de la organización criminal «Los hijos del cóndor», la tesis del Ministerio Público es clara.
Elmer Cáceres Llica elegido como Gobernador Regional de Arequipa, para no tener obstáculos en su gestión planeó formar alianzas políticas con los consejeros regionales de oposición. Un hecho común entre las organizaciones políticas y que no transgrede la ley.
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Sin embargo, la autoridad regional para alcanzar este objetivo no habría usado estrategias legales. Para convencer a sus opositores les ofreció diversos beneficios para capturar su apoyo. Su objetivo: frenar la supervisión de su gestión.
APOYO CONVERTIDO EN DELITO
El fiscal provincial anticorrupción, Arturo Valencia Paiva, en audiencia explicó que buscar alianzas políticas son actitudes normales en la gestión política. Sin embargo, si el apoyo como en este caso no es gratuito, podemos hablar de un delito.
Se asegura que el gobernador regional por medio de sus funcionarios y consejeros aliados, ofreció puestos de trabajo, participación en obras, designación de funcionarios y terrenos en asociaciones de irrigaciones.
A cambio de los beneficios deberían frenar toda acción de fiscalización a su gestión y apoyar la designación de los gerentes regionales. Además, deberían proteger a estos funcionarios de procesos de interpelación.
Así obtuvo el apoyo de Santiago Neyra Almenara y Miguel Guzmán Hinojosa de Alianza para el Progreso, y finalmente Richard Cervantes Garate de Fuerza Arequipeña, todos consejeros de partidos de la oposición.
Estos se sumaron a Jeymi Flores Quicaño, Ronal Bernal Huanca y Tomas Ayñayanque Rosas consejeros de la organización política de Elmer Cáceres Llica. Todos ellos habrían fundado la organización criminal «Los Hijos del Cóndor».
PRIMER INDICIO DE CORRUPCIÓN
El primer indicio sólido del apoyo irrestricto de los consejeros data de setiembre del 2019. En ese entonces, Marcelo Córdova Monroy, como gerente de Autodema fue cuestionado por diversas irregularidades en las gestión del Proyecto Majes Siguas II.
Las irregularidades fueron la paralización de 2 años de las obras del proyecto Majes II, el pago de sueldos al personal proyecto detenido, la renovación de las oficinas de Autodema que costo dos millones de soles, entre otras observaciones.
Ante la inminente interpelación el 12 de octubre de 2019, previo a la actividad, el gerente general de Autodema se reunió con la consejera Crhiss Diaz Montoya.
En la cita Marcelo Córdova, le habría ofrecido terrenos en el proyecto Majes Siguas II a cambio de su voto en el proceso de interpelación.
La consejera recibió el mismo ofrecimiento el 16 de octubre, de su colega Ronal Veto Bernal, quien en ese entonces era el presidente del consejo regional.
El 22 de octubre en sesión de consejo regional el gerente de Autodema recibió el apoyo de seis consejeros. La consejera Crhiss Díaz votó en abstención.
Este resultado bastó a Marcelo Córdova, para no recibir un voto de insatisfacción. Un resultado diferente habría significado el que consejo regional recomiende su retiro.
Con este mismo procedimiento en marzo del 2020 salvaron de un voto de insatisfacción del gerente general de Transportes, Grover Delgado Flores.
EL PODER DE UN VOTO
Una de las primeras estrategias que habrían tomado «Los Hijos del Cóndor» para ostentar el poder era obtener la presidencia del consejo regional. Esta situación les permitiría ganar las votaciones a toda la oposición.
Al sumar a sus filas a la consejera Crhiss Diaz ahora eran siete. Esos votos les permitía igualar a la oposición. Sin embargo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en caso de empate permite al presidente del consejo regional emitir doble voto.
Así en el periodo 2019 Ronal Veto Bernal Huanca inclinó la balanza a favor de la gestión de Elmer Cáceres Llica. Para el periodo 2020 fue elegido para el cargo Tomás Wuile Ayñayanque Rosas.
MAJES II COMO BOTÍN
Para la Fiscalía el principal medio de pago por la lealtad de los consejeros regionales era el pago de terrenos en Majes Siguas II. Para alcanzar el objetivo desde el interior del Gobierno Regional se impulsó la entrega de predios a la Asociación Pampas Bayas.
En coordinación con el presidente de la asociación Mario Jacobo Jacobo, los ahora socios del gobernador regional recibiría terrenos una vez formalizado el proyecto.
Según, el Ministerio Público para no levantar sospechas, se usaron testaferros que están inscritos en los padrones de la asociación. Se habrían identificado familiares y personas cercanas de las autoridades.
Para concretar la recepción de los predios en octubre del 2021, el consejo regional aprobó una ordenanza regional entregando de 5 200 hectáreas en la cabecera del proyecto Majes Siguas II a la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas.
Es necesario mencionar, que la referida asociación se formó por damnificados de los poblados de Huanca, Murco, Querque, Lluta y Taya, afectados durante los años 1993 y 1994 por la erupción del volcán Sabancaya.
Es claro que los familiares o amigos de los consejeros regionales, gobernador regional y otros funcionarios de la institución no pertenecen a este grupo de damnificados.
Por ello, para la Fiscalía su interés en la entrega de los terrenos a la asociación era para beneficiarse ilegalmente.
AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA
El lunes 8 de enero continuara la audiencia de prisión preventiva contra los principales implicados en la presunta organización criminal «Los Hijos del Cóndor», con la presentación de las pruebas que acumuladas por el Ministerio Público en su investigación.
Los investigados en el proceso son Elmer Cáceres Llica, Gregorio Urbano Palma Figueroa, Javier Eduardo Rospigliosi Vega y Marcelo Alberto Cordova Monroy, ambos funcionario del Gobierno Regional.
También los consejeros Wilfredo Leodan Llayqui Cáceres, Ronald Veto Bernal Huarca, Napoleón Segundo Osca Flores, Jeymi Natividad Flores Quicaño y Mario Jacobo Jacobo. Este último dirigente de la asociación Pampas Bayas.
El fiscal provincial anticorrupción, Arturo Valencia Paiva, solicitó para ellos prisión preventiva de 36 meses por los delitos de organización criminal y cohecho pasivo.