El ex presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides, no fue condenado por un delito ligado al robo de dinero del Estado. Muchos arequipeños al ver, escuchar o leer titulares de los medios supusieron eso.
Sin embargo, su castigo de 3 años de pena de cárcel suspendida es por permitir a Jorge Luis Aguilar Gallegos, gerente general durante su gestión, incumplir la Ley de contrataciones del estado.
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El juez anticorrupción, Edy Leva Cascamayta, denotó que en el Gobierno Regional de Arequipa durante 3 años se firmaron contratos ilegales. Se contrató bienes y servicios sin realizar proceso de licitación como exige la ley.
Según el magistrado, Juan Manuel Guillén Benavides, debió hacer uso de su función y anular todos los contratos en amparo de la ley. Sin embargo, este lo habría permitido.
CONTRATOS SIN CONCURSO PÚBLICO, COMITÉ DE SELECCIÓN Y EMPRESAS INFORMALES
La Ley de Contrataciones del Estado establece siete procedimientos que las instituciones públicas deben seguir obligatoriamente para realizar compras o contrataciones servicios, cuando su costo superan las 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
La fiscalía en juicio oral acreditó que entre los años 2012 y 2014 en el Gobierno Regional de Arequipa, se implementó un sistema diferente para realizar sus compras, realizar obras y contratar servicios.
Se contactaron directamente con empresarios suscribiendo 73 contratos por un monto de 38 millones 299 mil 85 soles. La mayoría de las bienes, obras o servicios adquiridos o contratados costaban más de 8 UIT.
El primer contrato realizado de esta manera se firmó en setiembre del 2021 por un monto de un millón 950 mil 150 soles con la empresa DCR Minería y Construcción SAC. Se alquiló maquinaria para la limpieza de diques.
NO SIGUIERON PROCESOS
El juez anticorrupción, Edy Leva, explicó que en este caso y en los otros 72 contratos firmados no se siguieron los procedimiento de ley. Es decir, no se realizó convocatoria para licitación o concurso público. No recibieron propuestas de postores. Tampoco convocaron a un comité de selección, entre otros procedimientos exigidos por ley.
Las negociaciones para los contratos se realizó de forma directa, recibiendo en algunos casos solo una propuesta de un proveedor. En el caso de 21 empresas se verificó que no estaban inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), al suscribir el acuerdo. El registro en el RNP es obligatorio para cualquier empresa o persona natural que quiere contratar con el Estado.
Incluso se obvió el pago de una carta fianza de un banco emitido como garantía para empresas o personas naturales. Este documento puede ser usado para recuperar pagos adelantados o perjuicios económicos en caso de incumplimiento de contrato, por la parte agraviada del acuerdo.
Jorge Luis Aguilar Gallegos, como gerente general mediante su sistema de contratación directa no realizó ninguno de estos procesos incumpliendo de ley. La defensa del ex funcionario aseguró que actuó de esta manera para dar viabilidad a los proyectos del Gobierno Regional de Arequipa en favor de la población.
JUAN MANUEL GUILLÉN SANCIONADO POR NO HACER SU TRABAJO
El juez anticorrupción, Edy Leva Cascamayta al referirse al delito cometido por Juan Manuel Guillén Benavides, hizo mención del artículo 2 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En este se precisa:
«Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el numeral anterior»
Para el magistrado la ex autoridad en amparo de este enunciado debió anular todos los contratos firmados por su gerente general. Sin embargo, no solo no realizo está acción de fiscalización, sino que en algunos casos animó estos procedimientos.
Por ello sancionó a la ex autoridad regional con una pena de cárcel suspendida de 3 años y una inhabilitación de 5 años para trabajar en instituciones del Estado, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo en calidad de cómplice.
Jorge Luis Aguilar Gallegos por su lado fue sancionado con una pena de cárcel efectiva de 4 años y 2 meses. Además, fue inhabilitado para trabajar para el Estado por un plazo de 5 años.
FISCALÍA NO PUDO PROBAR MAL USO DE DINERO DEL ESTADO
Un punto resaltante del juicio de valor realizado por el juez anticorrupción, Edy Leva Cascamayta, estuvo referido a lo que no pudo probar en juicio oral la fiscalía.
Para el magistrado se comprobó la comisión del delito de negociación incompatible. Sin embargo, el Ministerio Público falló en probar que el presupuesto destinado a las obras no se usó correctamente.
Es decir, no se entregó pruebas de que los contratos ilegales sirvieron para el robo del dinero del Estado. La procuraduría general incurrió en el mismo error cometido por la Fiscalía.
Por ello el juez desestimó la solicitud de reparación civil de 50 millones de soles. Este dinero corresponde a 38 millones 299 mil 85 soles por los contratos irregulares y 11 millones 79 mil 15 soles por el daño generado al Estado.
La reparación civil aprobada fue de 100 mil soles por el daño a la imagen del Estado. El monto deberá ser pagado solidariamente por los procesados.