Tres días tardó el juez anticorrupción, José Málaga Pérez en exponer los tres motivos que le costaron la libertad a Elmer Cáceres Llica y a los integrantes de la presunta organización criminal «Los Hijos del Cóndor».
El gobernador regional sería recluido en un penal por 24 meses, debido a tres razones fundamentales.
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Los actos cometidos por «Los Hijos del Cóndor», muestran características propias de delitos de corrupción destinados a obtener beneficios ilegalmente.
Las penas de cárcel que los integrantes de la organización criminal podrían recibir de ser hallados culpables serían superiores a los 12 años.
No poder demostrar de forma fehaciente tener arraigo laboral. Para el magistrado del Poder Judicial, hace presumir que los procesados podría huir para evadir a la justicia.
GRAVES INDICIOS DE DELITOS
Cuando un fiscal del Ministerio Público realiza una solicitud de prisión preventiva para una persona, tiene que demostrar tres elementos de forma clara. El primero está vinculado a que existen indicios contundente de la existencia de un delito.
Durante las audiencia del caso de «Los Hijos del Cóndor» se expusieron audios donde los investigados mostraros predisposición por la comisión de actos delictivos.
ENTREGA DE TERRENOS
Uno de los hechos más claros está relacionado a los terrenos de la Asociación de Vivienda Pampas Bayas, predios situados dentro del Proyecto Majes Siguas II.
La autoridad regional representada por el Marcelo Córdova, en ese entonces Gerente General de Autodema, ofreció a la consejera Crhiss Diaz Montoya terrenos de la asociación.
A cambio de los predios, valorizados en medio millón, la consejera debería votar en contra del proceso de interpelación, abierto en su contra.
El ex funcionario era cuestionado por la paralización del proyecto Majes II, pago irregular de sueldos al personal del proyecto detenido, renovación de las oficinas de Autodema por un monto de dos millones de soles, entre otras observaciones.
PAGO DE DINERO Y UNA BOTELLA DE WHISKY
Otro indicio grave de corrupción considerado por el magistrado del Poder Judicial, es la presunta entrega de dinero hecha por el gobernador regional a los consejeros.
Los audios revelaron que los consejeros aliados a la gestión, habrían recibido 10 mil soles y y una botella de whisky azul. El valor del licor supera a nivel comercial los mil soles.
Los beneficiarios habrían sido Wilfredo Llayqui Cáceres, Ronald Bernal Huarca, Napoleón Segundo Osca Flores, Jeymi Natividad Flores Quicaño y Crhiss Diaz Montoya.
El efectivo fue entregado por asesores de la autoridad regional en casi todos los casos. Solo en el caso de la consejera Crhiss Díaz, el dinero habría sido entregado por el mismo Elmer Cáceres Llica.
PENA DE CÁRCEL DE 19 AÑOS
Para privar de su libertad a una persona no basta con probar que podría haber cometido un grave delito. Se tiene que probar que la sanción para esa actividad delictiva superar los 4 años de cárcel.
Según, el artículo 268 del Código Procesal Penal «la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad»
Para la fiscalía el gobernador regional habría incurrió en dos delitos: Organización Criminal, al identificarlo como presunto líder de los «Los Hijos del Cóndor».
El otro delito es cohecho pasivo activo genérico. Este tiene relación a los ofrecimientos y promesas de donativos, ventaja o beneficio para que realicen su labor fiscalizadora, hechas a los consejeros regionales.
Según el Código Penal, Elmer Cáceres por su participación directa en estos delitos podría recibir hasta una pena de 19 años de cárcel.
PELIGRO DE FUGA POR NO TENER TRABAJO
El tercer elemento que llevó al juez anticorrupción, José Málaga Pérez a concluir que la prisión preventiva era necesaria para la autoridad regional esta relación a su situación laboral.
Del análisis del Código Procesal Penal se entiende que para evitar esta reclusión preventiva, el procesado debe demostrar tener domicilio habitual, familia y un negocio o empleo conocido. Es en este último punto, que no pudo demostrar la defensa de la autoridad.
La defensa no tuvo problemas para certificar que Cáceres Llica tiene casa y familia. Este tiene una propiedad a su nombre en Cerro Colorado, está casado y tiene una hija menor de edad.
Sin embargo, no pudo demostrar que tiene un trabajo. El magistrado descalificó al cargo de gobernador regional, como una evidencia que, Elmer Cáceres Llica, tiene empleo.
Al respecto dijo: «alguien que defraudó al Estado no puede decir que ese trabajo sirve para garantizar el arraigo laboral”.
Asímismo, desacreditó los dos contratos de promesa de trabajo de la Constructora J. Cayo E.I.R.L y AQP Electric S.A.C. que presentó de la defensa. Con estos documentos se trató de demostrar que si es liberado, Elmer Cáceres tenía ofertas laborales.
Para el magistrado del Poder Judicial, el acusado no demostró tener un arraigo laboral de calidad. Está situación hace presumir que la autoridad podría tratar de eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad.
La suma de estos tres elementos, llevaron a concluir que la aún autoridad podría considerar escapar. Por ello, el juez, José Malaga, resolvió dictar 24 meses de prisión preventiva para Elmer Cáceres Llica.
LOS OTROS PROCESADOS PRESOS
Junto al gobernador regional, el juez, José Málaga, ordenó la reclusión por 24 meses de los consejeros Ronal Veto Bernal Huarca y Jeymi Flores Quicaña, bajo la figura legal de prisión preventiva.
También, sufrirán la misma suerte los ex funcionarios Gregorio Palma Figueroa, Marcelo Cordova Monroy y Napoleón Ocsa Flores. Además, Mario Jacobo Jacobo, dirigente de la Asociación Pampas Bayas.
Por su lado, el ex asesor del gobernador Leodan Llayqui Cáceres, deberá pagar una caución de 50 mil soles para permanecer en libertad, mientras se concreta la investigación.
