Va una década de primeras piedras que anunciaron el inicio del proyecto Majes II, pero parece que seguimos como el inicio, en nada.
TAMBIÉN LEA: Arequipa, una economía que aún no se recupera
TAMBIÉN LEA: En qué distritos hay buena señal móvil, según Osiptel
En septiembre del 2010, el gobierno de Juan Manuel Guillén Benavides, firmó contrato con la concesionaria Angostura Siguas para ejecutar Majes II. Por ese año se estimó que la irrigación estaría lista en el 2014, sin embargo estamos 2021, celebrando el Bicentenario de la independencia de Perú y el avance ha sido pobre.
Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto Majes tiene un avance financiero del 27%. En obras físicas llega al 18%. Hasta el momento se gastó, de acuerdo a esta web, 542 millones de soles.
Una década después de la firma del contrato de Majes II (Majes se inició en 1971 bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado) solo tiene este pobre avance. Aunque sí avanza en problemas. En teoría Majes II se defiende porque salvaría la economía regional, pero en la práctica no parece una prioridad.
LAS PROTESTAS DE CUSCO
La gestión de Guillén Benavides tuvo que enfrentar las protestas de los pobladores de Espinar quienes temían que Majes II les reste agua para sus cultivos. Un problema que llegó a ser judicializado. Incluso llegó a manos del Tribunal Constitucional.
Luego cuando llegó el periodo de Yamila Osorio se puso sobre la mesa la adenda 13 en el 2018. Esta propuesta significaba una modificación al contrato original para un cambio de tecnología que, según Autodema, permitiría a los agricultores cultivar desde el primer año de operación del proyecto.
Poco convencido con este planteamiento, Elmer Cáceres Llica, recibió esta papa caliente cuya discusión se fue alargando hasta este año. En este interín el entonces presidente de la república, Martín Vizcarra, propuso que el proyecto vuelva al gobierno central para su intervención.
Ante esta iniciativa Cáceres Llica, hoy preso en el penal de Socabaya, movió cielo y tierra para evitar que Majes II sea administrada por el Ejecutivo. Lo logró, pero no consiguió que la adenda 13 pase el visto bueno del consejo regional.
La adenda 13 tiene la aprobación del MEF y la Contraloría, pero falta la del consejo regional. Los consejeros tenían hasta el 31 de diciembre para discutir este asunto, pero no lo tocaron. Tenían dudas, dijeron.
CADUCIDAD
Hoy la concesionaria Angostura Siguas ha pedido la caducidad del contrato, pero ha deslizado la posibilidad que si la adenda 13 se aprueba, entonces se retomaría el contrato. Todo parece enfriarse luego de prender las alarmas con esta decisión de tirar la toalla tomada por la indecisión del consejo regional de aprobar o no esta propuesta.
Pero en el fondo, al igual que la región, la empresa también perdería con la anulación del contrato (no es la primera vez que pide la caducidad del contrato). Según las estimaciones, una vez en operaciones, la concesionaria ganaría 31.8 millones de dólares anuales durante por la inversión y 6.5 millones de dólares por mantenimiento durante 16 años.
¿HAY ÁNIMOS PARA APROBAR LA ADENDA 13?
El gerente de Autodema, Arturo Arroyo Ambia, durante una presentación en el consejo regional también consideró que poner en marcha Majes II pasa por aprobar la adenda 13. El presidente del consejo regional, José Luis Hancco, dijo que dará las facilidades para discutir la propuesta. Primero se analizará en la comisión agraria y luego pasará al pleno para su debate.
Sin embargo, el consejero regional por Islay, Elmer Pinto, presidente de la comisión agraria, cuya labor será elaborar dictamen sobre la conveniencia o no de la adenda 13, ya adelantó que no apoya la propuesta. En esa reunión dijo que su posición era optar por la caducidad del contrato, convocar a un nuevo proceso y seleccionar a empresas nacionales.
Hancco aclaró que la postura de Pinto no auguraba que la adenda iba a ser rechazada en el consejo regional, pero como el consejero Pinto, otros piensan igual que él.
MÁS POLÍTICA QUE TÉCNICA
En este momento Majes II está en manos de una discusión más política que técnica, así que todo depende de cómo se maneje este debate. De lo contrario el contrato se dejará sin efecto y el camino será el arbitraje, un camino que durará aproximadamente tres años y podría obligar al gobierno regional a pagar 220 millones de dólares por daños y perjuicios a la empresa. Solo resuelto este probable conflicto judicial recién se lanzaría un nuevo proceso para entregar la buena pro de Majes II.
Qué pasa si se aprueba la adenda 13. Pues todos vuelven a hacer amigos. Algunas obras se reinician. Pero todavía hay puntos por zanjar como un estudio ambiental para ejecutar el aliviadero de la represa de Condoroma, formalizar la entrega de tierras y la garantía soberana aprobada en el Congreso, pero aún no legalizada por el MEF. Mientras que las obras restantes aún pueden demorar otros cuatro años.
Ni mencionar el proceso de venta de tierras que será otro dolor de cabeza. Hay sectores que exigen priorizar a los pequeños agricultores en esta irrigación. Esta seguramente será una discusión del futuro.
Qué futuro le espera a Majes II: uno complicado que ve lejano su operación.