Amnistía Internacional mediante un nuevo informe ha informado que la Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad las protestas que se llevaron a cabo entre diciembre del 2022 y febrero del 2023 donde fallecieron 52 personas. De las cuales 20 pueden considerarse como ejecuciones extrajudiciales.
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“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando.”
NUEVO INFORME
El informe, titulado Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca. Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales.
En esos 20 casos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munición real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y hay indicios adicionales, como vídeos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan un uso injustificado de la fuerza. En los otros cinco casos mortales, Amnistía Internacional tiene indicios de posible uso excesivo de la fuerza.
Cabe indicar que de 25 muertes documentadas por Amnistía Internacional, 15 fueron de jóvenes de menos de 21 años, muchos de ellos de familias pobres de ascendencia indígena
Las protestas que se desataron en gran parte de Perú en medio de una crisis política el pasado diciembre incluyeron cortes de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos.
NO HAY INVESTIGACIONES INMEDIATAS
Pese a las graves violaciones de derechos humanos cometidas, el Ministerio Público de Perú no ha llevado a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas. En la medida en que Amnistía Internacional lo ha podido determinar, la fiscalía aún no ha confiscado las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones, y tampoco ha interrogado a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres.
Dado el riesgo de impunidad por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que garantice que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, que solicite asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia.
EXIGEN RESPUESTA DE LA PRESIDENTA
La organización pide también a la presidenta Dina Boluarte que condene y ponga fin al uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas. Además, el gobierno peruano debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales.
