Juan José Santiváñez, de ministro censurado a titular de Justicia

Juan José Santiváñez regresa al gabinete ministerial, esta vez al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, gracias a la designación de la presidenta Dina Boluarte. Su nombramiento, realizado el 23 de agosto en Palacio de Gobierno, se produce apenas cinco meses después de que el Congreso de la República lo censurara por su ineficiente e impopular gestión al frente del Ministerio del Interior.

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Durante su paso por Interior, Santiváñez dejó más dudas que certezas. Su incapacidad para manejar una cartera tan crucial se evidenció en polémicas decisiones, como presentar como terroristas o delincuentes a personas que no lo eran, lo que generó una profunda desconfianza en la ciudadanía. Ahora, su retorno a un puesto de igual o mayor relevancia genera alarma.

Un lastre de cuestionamientos

El nuevo ministro de Justicia no solo arrastra el estigma de la censura parlamentaria, sino que también enfrenta una investigación fiscal abierta por presunto tráfico de influencias. A esto se suma una orden judicial que le impide salir del país por 18 meses. Este cúmulo de circunstancias pone en entredicho la credibilidad de quien está llamado a liderar una cartera clave para la defensa del Estado de derecho.

Un regreso cuestionado

Tras su salida de Interior, Santiváñez fue reubicado como jefe de la Oficina de Apoyo al Consejo de Ministros, una posición estratégica que le permitió mantener contacto directo con altos funcionarios y congresistas. Según análisis políticos, su cercanía con la presidenta Boluarte habría sido el factor decisivo para su sorpresivo retorno al gabinete.

Este movimiento abre un debate crucial: ¿Puede una persona bajo investigación y con antecedentes de censura garantizar la independencia y la transparencia que exige el Ministerio de Justicia?

Impacto en una cartera sensible

Las críticas desde el Congreso no se han hecho esperar. El Ministerio de Justicia es responsable de reformas sensibles, como la gestión penitenciaria y la representación legal del Estado ante tribunales internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La llegada de Santiváñez genera temor sobre un posible conflicto de intereses y el debilitamiento institucional.

El congresista Diego Bazán, uno de los principales impulsores de la censura en marzo, calificó el nombramiento como “una burla a la justicia”. Denunció, además, que el cargo ministerial le ofrece protección judicial mediante el antejuicio político, lo que podría complicar o entorpecer las investigaciones en su contra.

Petición de archivo y vínculos alarmantes

En medio de la polémica, Santiváñez ha solicitado al Poder Judicial que realice un «control de plazo» para el archivo de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible. La audiencia está programada para el 1 de septiembre.

La designación es calificada por voces críticas. El exoficial PNP Harvey Colchado se preguntó: “¿Qué le debe Dina Boluarte a Juan José Santiváñez para nombrarlo ministro de Justicia?”.

Colchado destacó su perfil: un personaje censurado, con impedimento de salida, acusado de tener vínculos con la criminalidad—habiendo sido abogado de “Chakira” y de “El Diablo” de la organización criminal ‘Los Pulpos’—y ahora investigado por tráfico de influencias.

“Ahora tendrá poder sobre el Minjusdh y sobre los defensores públicos que participan en operativos contra esos mismos criminales y corruptos. La meritocracia ya no importa: al parecer, solo interesa ser serviles al poder”, sentenció.