PJ dicta 5 meses de prisión preventiva para expresidente Martín Vizcarra

El Poder judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra al determinar que existía «peligro de fuga» por la falta de arraigo laboral y familiar. La decisión judicial se enmarca en el juicio por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

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Al exmandatario se le acusa de haber aceptado 2.3 millones de soles (611,000 USD) de empresas constructoras a cambio de favorecerlas en licitaciones públicas, como los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

VIZCARRA APELA

Vizcarra, visiblemente consternado, declaró ante el juez Jorge Chávez confiar en el sistema judicial «a pesar del vía crucis» que enfrentaba, pero minutos después fue detenido y trasladado a la carceleta del Poder Judicial.

Su defensa, liderada por el abogado Erwin Siccha, calificó la medida de «arbitraria» y anunció una apelación, argumentando que el juez había ignorado pruebas de su arraigo familiar y laboral, como sus viajes recientes con su partido Perú Primero.

15 AÑOS DE PRISIÓN PARA VIZCARRA

La Fiscalía, encabezada por Germán Juárez Atoche, sostuvo que la gravedad de los cargos —cohecho pasivo propio— y la posible condena de 15 años de prisión justificaban la prisión preventiva.

Los testimonios de colaboradores eficaces y documentos presentados vinculaban a Vizcarra con pagos irregulares de las empresas ICCGSA y Obrainsa, lo que reforzó la decisión del juez.

CÁRCEL PRESIDENCIAL

Martín Vizcarra se convirtió así en el quinto exmandatario peruano en ser encarcelado por corrupción, uniéndose a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

Vizcarra denunció una «persecución política» en un video publicado tras su arresto, acusando a un «poder oculto» de manipular la justicia.

Sus seguidores, congregados fuera del tribunal, gritaban consignas como «¡Vizcarra presidente!» y portaban carteles contra lo que consideran una maniobra para impedir su eventual candidatura en 2026, donde lideraba encuestas antes de su inhabilitación.

El caso refleja la crisis institucional crónica de Perú, donde los expresidentes enfrentan procesos por corrupción. Desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo, la recurrencia de escándalos ha erosionado la confianza ciudadana y expuesto fallas estructurales, como el financiamiento opaco de campañas y la fragilidad del sistema judicial.

Mientras Vizcarra espera en Barbadillo el desenlace de su apelación, el país observa cómo otro líder cae en una espiral de acusaciones que, evidencian un ciclo de impunidad y polarización.