El panorama político peruano entró en una fase crítica este jueves, con el anuncio simultáneo de varias mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte en el Congreso. La iniciativa, promovida por partidos de distintos espectros, incluye a fuerzas conservadoras que hasta ahora habían sido el principal sostén de la mandataria desde que asumió la Presidencia a fines de 2022.
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Este escenario de inestabilidad se desata en medio de una profunda crisis de inseguridad ciudadana, ejemplificada por el reciente atentado contra la agrupación musical Agua Marina en el distrito limeño de Chorrillos.
Apoyo crítico en el Legislativo
Según analistas, tras los anuncios de hasta cuatro mociones de vacancia, ya se contarían más de 100 votos potenciales a favor de una destitución en el hemiciclo. Según el reglamento del Congreso, una moción de este tipo requiere 26 firmas para ser presentada, 52 para ser admitida a trámite y 87 para su aprobación.
Por el momento, una de ellas ya la oficializaron, y múltiples anuncios confirmaban esta tendencia creciente.
Fuerza Popular retira su apoyo
El hecho más significativo fue el anuncio de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori y principal base de apoyo de Boluarte durante todo su gobierno. Mediante un comunicado, la bancada declaró que respaldará cualquier moción de vacancia, argumentando que el país vive una crisis de inseguridad y una «falta de liderazgo».
El documento señala: “Aunque reste poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más. Por ello, Fuerza Popular votará a favor de la vacancia presidencial, convencido de que es una medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza”.
Tres mociones sobre la mesa
Hasta el momento, se han anunciado tres mociones. La primera provino del partido ultraconservador Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga. A esta se sumaron iniciativas similares del derechista Podemos Perú, de su líder y también precandidato José Luna, y de la Bancada Socialista, que agrupa a parlamentarios de izquierda.
Las tres propuestas buscan declarar la «incapacidad moral» de la presidenta para enfrentar la creciente inseguridad atribuida al crimen organizado.
Esta ofensiva política se produce a solo seis meses de la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, que definirán al sucesor de Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica, con niveles de aprobación que rondan el 3%, según diversas encuestas.
