Un escándalo financiero sacude a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Un informe pericial, revela que se habrían desviado más de 5.9 millones de soles desde cuentas institucionales hacia la cuenta personal de un funcionario del área de tesorería. El principal implicado es Leoncio Ccalloapaza Canaza, quien, según el documento, habría utilizado su cargo de confianza para ejecutar un esquema de triangulación financiera que operó sin interrupción durante varios años.
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El peritaje describe cómo los fondos, provenientes en gran parte del pago de matrículas estudiantiles, fueron trasladados de una cuenta a otra hasta terminar en el bolsillo de un solo servidor, sin existir respaldo documental, ni autorización alguna.
TRIANGULACIÓN DE CUENTAS
El mecanismo del desfalco, según reconstruye el informe forense, siguió un patrón repetitivo y metódico. El dinero salía de la Cuenta Corriente N° 215-2242827-0-33 del BCP, conocida como Recaudadora Virtual —donde se depositan los pagos de matrículas, derechos de enseñanza y otros conceptos cancelados por los estudiantes— y era transferido a la Cuenta Corriente N° 215-076085-0-51 del mismo banco, destinada oficialmente al pago de sueldos y beneficios del personal universitario.
Desde esta cuenta intermedia, los fondos saltaban directamente a la Cuenta de Ahorros N° 2015-18005749-0-21 del BCP, cuya titularidad pertenece a Ccalloapaza Canaza. El punto de quiebre, enfatiza el peritaje, es que ninguna de esas transferencias cuenta con resolución, autorización o constancia de alguna autoridad universitaria, ni existe documentación que acredite el destino final de los fondos ni su devolución.
NIEGAN ENCUBRIMIENTO
Ante la difusión de estas irregularidades, las autoridades actuales de la UNSA salieron al frente para desmentir versiones que circulaban en la comunidad académica. En conferencia de prensa, el rector Dr. Hugo Rojas Flores, junto al director de la Dirección General de Administración (DIGA), Mag. Christian Zapata Manrique, y el jefe de Asesoría Legal, Dr. Roberto Barriga Valencia, negaron tajantemente cualquier intento de encubrimiento.
El rector señaló que “han circulado noticias que no se ajustan a la verdad” y precisó que el Consejo Universitario fue informado de todo el proceso el 26 de enero de 2026, fecha desde la cual se activaron todos los mecanismos legales correspondientes para esclarecer los hechos.
Según explicó Zapata, todo comenzó cuando la DIGA detectó movimientos económicos sin respaldo tras su designación —mediante oficio 835-2025— y ordenó una revisión exhaustiva que derivó en el informe 2590-2025, donde se advertían transferencias irregulares.
PERITAJE DESCUBRE TODO
De inmediato se contrató a un perito contable, cuyos resultados permitieron cuantificar el monto desviado. Con esa información, el 19 de enero de este año se presentó una denuncia ante la Contraloría (oficio 143-2026-DIGA-UNSA), y dos días después, el 28 de enero, se puso el caso en conocimiento del Ministerio Público, quedando registrado con la Carpeta Fiscal N° 503-2026-640 en el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Las autoridades resaltaron que la documentación pública demuestra que las denuncias no son recientes, contrariamente a lo que se ha difundido, y que la institución actuó apenas tuvo conocimiento de las anomalías.
DESFALCÓ DESDE EL 2026 PERO INFORME ES DEL 2024-2025
Además, se informó que el origen de estas transferencias se remonta al año 2016, época en la que la universidad estaba dirigida por otras autoridades, por lo que la comunidad universitaria rechaza “tajantemente cualquier intento de vincular a la actual gestión con estas irregularidades”.
Paralelamente, adoptaron medidas administrativas internas: reorganizaron la dirección de administración y dispusieron que los procesos sensibles sean atendidos por más de una persona y se inició el procedimiento disciplinario contra el funcionario involucrado.
ES UNA COLADERA DE DINERO
No obstante, el hecho de que el esquema haya operado durante nueve años —y que el período 2024-2025, ya bajo la gestión de Rojas Flores, concentre parte importante de los desvíos— plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles internos previos a enero de 2026.
