La renuncia del primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, marca un punto crítico en una crisis política desatada por masivas protestas de jóvenes de la Generación Z, quienes salieron a las calles nepalís para rechazar el veto gubernamental a redes sociales y denunciar décadas de corrupción y nepotismo sistémico.
Los disturbios, que se extendieron por dos días, dejaron un saldo trágico de unas 25 personas fallecidas y más de 400 heridas, en medio de una represión policial que incluyó el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos reales.
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El detonante inmediato de las movilizaciones fue la decisión del gobierno de bloquear plataformas digitales como Facebook, WhatsApp, Instagram y X por no cumplir con una normativa de registro ante el Estado, una medida interpretada como censura y un intento de silenciar el descontento ciudadano.
Sin embargo, el malestar entre los jóvenes respondía a causas más profundas: el uso de consignas como #NepoKid y #NepoBabies visibilizó su rechazo a una cultura política donde los puestos de poder y las oportunidades se heredan o asignan por conexiones familiares, y no por mérito o capacidad.
MUERTE Y DESTRUCCIÓN EN NEPAL
La situación escaló rápidamente hacia la violencia después de que se reportaran las primeras muertes entre los manifestantes. En respuesta, grupos de jóvenes enfurecidos incendiaron símbolos del poder político, incluyendo el palacio presidencial, el edificio principal del Parlamento en Katmandú y las residencias privadas de altos funcionarios, entre ellas la del propio Oli en la localidad de Balkot y la del ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal.
Incluso, los manifestantes golpearon a ministros y exministros. Entre ellos el ex primer ministro de Nepal, Sher Bahadur Deuba, y su esposa, la actual ministra de Asuntos Exteriores, Arzu Rana Deuba, son atacados violentamente en su residencia.
TOQUE DE QUEDA EN NEPAL
El caos se extendió rápidamente, afectando incluso la infraestructura crítica del país. El aeropuerto internacional de Katmandú suspendió parcialmente sus operaciones debido a la inseguridad y los enfrentamientos en sus inmediaciones, mientras el gobierno declaraba un toque de queda en la capital en un intento por recuperar el control.
Internamente, el ejecutivo mostró fisuras cuando cinco ministros presentaron su renuncia en las horas previas a la de Oli, calificando la gestión de la crisis como «dictatorial» e injustificada.
En su carta de renuncia, Oli justificó su decisión como un paso necesario para «encontrar una solución política conforme a la Constitución» ante la situación extraordinaria que vive el país. Sin embargo, la convulsión social continúa.