El Gobierno declaró, mediante decreto supremo, el estado de emergencia diversos distritos de la provincia de Islay, en Arequipa, y de la provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua, por un periodo de 60 días, debido al peligro inminente de contaminación de las aguas superficiales en la cuenca del río Tambo.
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El decreto, que se publica hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, abarca un total de doce distritos.
En la provincia de Islay, (Arequipa), están considerados los distritos de la Punta de Bombón, Cocachacra, Deán Valdivia, Mollendo, Islay y Mejía mientras en Moquegua están comprendidos los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Omate, Coalaque y La Capilla.
El propósito de esta declaratoria es ejecutar medidas y acciones excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el riesgo existente, clasificado como muy alto. Así como para reponer y rehabilitar las áreas afectadas.
ATENCIÓN A LA CUENCA DEL RÍO TAMBO
Según el decreto, los gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua, junto con los gobiernos locales correspondientes, ejecutan estas medidas y acciones.

Dichas intervenciones deben tener un nexo directo de causalidad con el evento y pueden modificarse según las necesidades y condiciones de seguridad que surjan durante su ejecución, sustentadas por estudios técnicos de las entidades competentes.
Estas acciones se llevan a cabo con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y la participación de diversos ministerios y otras instituciones involucradas.
SIN PRESUPUESTO ADICIONAL
El decreto también establece que la implementación de las acciones se financia con el presupuesto institucional de los organismos implicados, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

En el preámbulo del decreto se menciona que, según un informe técnico del Indeci, la contaminación de las aguas expone a la población, la agricultura y la ganadería en esta región del país, lo que requiere la adopción de medidas urgentes.
El decreto supremo lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y está refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y los ministros de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ambiente, Producción, Energía y Minas, Interior y Defensa.



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