El fenómeno de El Niño, de 1997-1998, catalogado como uno de los más intensos del siglo XX —comparable solo con los episodios de 1982-83 y 1925—, azotó con una fuerza sin precedentes el territorio peruano. El informe «Crónicas de Desastres» de la OPS/OMS describe cómo este evento climático extremo, que se manifestó con una elevación anómala de la temperatura del mar y lluvias torrenciales, desencadenó una serie de desastres naturales que afectaron gravemente la vida, la salud y la economía de millones de peruanos, particularmente en la costa norte y la sierra sur del país.
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Las primeras señales de alerta se encendieron a mediados de 1997. Para diciembre de ese año, las lluvias intensas ya golpeaban los departamentos de Tumbes y Piura, superando todos los registros históricos. En Tumbes se acumularon entre 300 y 600 milímetros de lluvia, cuando lo normal para ese mes es apenas 1 milímetro. El río Piura, por su parte, alcanzó un caudal de 4.424 metros cúbicos por segundo, más del doble de lo registrado en 1983. Esta situación provocó inundaciones masivas, desbordes de ríos y la reactivación de quebradas, generando «huaycos» (aluviones) que devastaron viviendas, carreteras y cultivos, dejando extensas zonas del país incomunicadas y a miles de familias damnificadas.
El colapso sanitario: cólera y paludismo al acecho
El impacto en la salud pública fue uno de los más críticos. Las aguas estancadas y el colapso de los sistemas de agua potable y alcantarillado crearon un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas. El informe detalla un aumento explosivo de casos de cólera, que pasaron de 1.080 en la primera mitad de 1997 a más de 34.000 en el mismo período de 1998, un incremento del 3.176%. Asimismo, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se dispararon.
El paludismo también mostró un crecimiento alarmante, especialmente el causado por Plasmodium falciparum, la forma más letal de la enfermedad, que pasó de 52.719 casos en 1997 a 77.056 en 1998, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Infraestructura en crisis: puentes, vías y hospitales dañados
Los daños materiales fueron cuantiosos. El sector salud reportó 557 establecimientos dañados, de los cuales cinco fueron completamente destruidos —entre ellos los centros de salud de Los Molinos (Ica) y Santa Teresa (Cusco)— y 511 requirieron rehabilitación. La infraestructura vial sufrió un golpe devastador: se perdieron más de 600 kilómetros de vías y más de 4 kilómetros de puentes, aislando comunidades enteras y dificultando las labores de ayuda humanitaria.
La economía peruana sintió el impacto con la caída de las exportaciones pesqueras en un 76% debido al desplazamiento de especies como la anchoveta.
La respuesta del Estado: un plan de contingencia a prueba
Ante la magnitud de la amenaza, el Ministerio de Salud de Perú, con el apoyo de la OPS/OMS, activó desde junio de 1997 un Plan Nacional de Contingencia. Este plan incluyó la protección de 424 establecimientos de salud mediante impermeabilización de techos, drenajes y muros de contención; la compra y distribución de más de 60 toneladas de medicamentos; la formación de 150 brigadas de atención médica y 72 brigadas de fumigación; y la ampliación del horario de atención en zonas de riesgo. Estas medidas, aunque no pudieron evitar los daños, sí lograron reducir significativamente la letalidad y evitaron brotes epidémicos de enfermedades inmunoprevenibles.
El drama humano: damnificados y atención médica
A pesar de la planificación, el sufrimiento humano fue inmenso. El informe reporta que las brigadas del Ministerio de Salud brindaron 247.261 atenciones médicas en todo el país, concentradas principalmente en Ica (72.300), Tumbes (46.861), Piura (35.200) y Lambayeque (33.500). La inundación de la ciudad de Ica, los días 23 y 29 de enero de 1998, afectó las cuatro quintas partes de la ciudad, destruyendo viviendas, colapsando la red de agua potable y desorganizando el abastecimiento de alimentos. En esa sola jurisdicción se notificaron 74.153 atenciones entre finales de enero y principios de marzo, evidenciando la magnitud de la crisis humanitaria.
La inundación de Ica: un caso emblemático
La región de Ica no había sido considerada dentro de los escenarios de mayor riesgo, pues no tenía antecedentes de haber sufrido daños durante el ENOS de 1982-83. Sin embargo, el desborde del río Ica superó todas las previsiones y anegó más del 80% de la ciudad. Las aguas contaminadas de los desagües provocaron miles de casos de dermatitis infecciosa, y la exposición al lodo y los escombros generó un brote de conjuntivitis viral que llegó a superar los 70 casos diarios. La experiencia de Ica demostró que ningún territorio puede considerarse a salvo y que los escenarios de riesgo deben ser permanentemente reevaluados.
El costo económico y social de un desastre
El impacto económico de El Niño 1997-98 fue significativo. Solo en el sector salud, el Ministerio de Salud desembolsó aproximadamente 11,3 millones de dólares entre 1997 y 1998, mientras que el presupuesto total requerido para la etapa posterior al fenómeno ascendió a 18 millones de dólares. A nivel nacional, el informe de la OPS/OMS estima que las pérdidas en América Central y Sudamérica representaron el 54,4% de las pérdidas económicas globales causadas por este evento, que a nivel mundial alcanzaron los 33.200 millones de dólares. En Perú, la agricultura, la pesca y el transporte fueron los sectores más golpeados, con la pérdida de miles de hectáreas de cultivos y la destrucción de la infraestructura vial.
Lecciones de un desastre
A pesar de la devastación, la experiencia dejó valiosas lecciones. El conocimiento anticipado del fenómeno permitió implementar medidas de mitigación que redujeron el impacto en la salud. La vacunación masiva, la fumigación y la vigilancia epidemiológica intensificada evitaron brotes epidémicos de enfermedades inmunoprevenibles y mantuvieron las tasas de letalidad por cólera por debajo del 1%, a diferencia de la epidemia de 1991.
El informe concluye que la preparación y la capacidad de respuesta coordinada entre los sectores público y privado son fundamentales para enfrentar futuros eventos climáticos extremos, los cuales, advierte, son una amenaza recurrente para la región andina.
