El fiscal de la Nación (I), Tomás Gálvez, oficializó la desactivación de los grupos especiales de la Fiscalía creados para investigar casos complejos como Lava Jato-Odebrecht, Los Cuellos Blancos del Puerto, Corrupción del Poder y el equipo para las víctimas durante las protestas sociales.
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La medida, aunque resulta impopular para muchos sectores, sustenta su legalidad en el artículo 80-A de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dicha norma faculta al fiscal de la nación, según estime conveniente, a designar fiscales provinciales y adjuntos para que participen en investigaciones de alta complejidad bajo la dirección de un fiscal superior, cuando así se requiera.
En ese sentido, y en cumplimiento de la norma, el fiscal de la nación desactivó los grupos mediante cuatro resoluciones, dando por concluidas las designaciones de los fiscales superiores provisionales encargados. A través de los mismos documentos, se dispuso el traslado —vía designación y destaque— de los fiscales provinciales y adjuntos de dichos grupos especiales a fiscalías especializadas.
Equipo Especial Lava Jato
La desactivación que genera más polémica es la del Equipo Especial Lava Jato, creado en diciembre de 2016 para investigar de forma exclusiva los hechos de corrupción en torno a las licitaciones de obras públicas y los aportes de campaña realizados a políticos por la empresa Odebrecht.
Mediante la Resolución N° 007-2026-MP-FN, se dispuso la desactivación del grupo y que los casos en su poder sean derivados a las fiscalías especializadas en lavado de activos. Según el documento, en este grupo se tramitaron 97 carpetas de investigación, de las cuales 71 se encuentran en etapa de investigación preparatoria, acusación o juicio oral.
Entre los casos más resaltantes destacan el Gasoducto del Sur, la Carretera Interoceánica, Línea Amarilla y el caso Ecoteva. Los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, así como diversos funcionarios del Estado y empresarios, fueron procesados por estos expedientes.
Además, bajo la dirección del fiscal José Domingo Pérez, se realizó la investigación y acusación del caso «Cócteles» contra Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular. No obstante, el Tribunal Constitucional ordenó archivar el caso argumentando que, cuando ocurrieron los hechos, los aportes de campaña no constituían un delito tipificado en el Perú.
«Los Cuellos Blancos del Puerto»
La Fiscalía de la Nación, mediante la Resolución N° 1550-2019-MP-FN de julio de 2019, creó un grupo especial para investigar una red criminal que involucraba a jueces, fiscales, empresarios y consejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Audios obtenidos mediante interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente revelaron cómo jueces y fiscales emitían fallos que favorecían a terceros a cambio de dinero o favores. Los magistrados César Hinostroza Pariachi y Walter Ríos fueron identificados como los líderes de la organización criminal.
A través de la Resolución N° 006-2026-MP-FN, se dispuso desactivar este equipo; ahora, el caso será tratado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP)
Mediante la Resolución N° 008-2026-MP-FN, el fiscal de la nación ordenó la desactivación del grupo denominado «Fiscales contra la Corrupción del Poder», creado en julio de 2022 con la prerrogativa de investigar a altos funcionarios involucrados en corrupción, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
La investigación más relevante de este grupo estuvo relacionada con los presuntos actos de corrupción cometidos por el expresidente Pedro Castillo durante su gestión, en los casos denominados Puente Tarata, Petro-Perú, Anguía, Sada Goray, Gabinete en la Sombra y «El Español».
También participaron en pesquisas contra la expresidenta Dina Boluarte por los casos «Los Waykis en la Sombra» y el presunto encubrimiento a Nicanor Boluarte; contra el exmandatario Martín Vizcarra y la ex fiscal de la nación Patricia Benavides por el caso «Valkiria».
Víctimas durante las protestas sociales
Otro grupo especial desactivado con la Resolución N° 005-2026-MP-FN es el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. El objetivo del grupo era tratar casos vinculados a delitos que vulneran los derechos humanos.
El caso más crítico bajo su cargo se relaciona con la muerte de 60 personas durante las protestas desarrolladas en Puno, Ayacucho y Lima tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. El grupo también investigaba las lesiones sufridas por 100 personas producto del operativo policial dirigido por el excomandante de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, y otros mandos policiales.
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