Milán tenía trece años y una colección de medallas que colgaban de su pared como pequeñas pruebas de que la vida podía ser buena. Portero de fútbol, ciclista de montaña, estudiante. Un niño de provincia con sueños simples: atajar el balón, pedalear cuesta arriba, volver a casa.
Pero en la escuela Santa Isabel de Huancayo, esos sueños tenían un precio. Según contó su familia, desde hacía meses acosaban a Milán y extorsionado por estudiantes mayores que le quitaban sus pertenencias y le exigían entre uno y dos soles para devolvérselas. Un impuesto cruel, casi miserable en su monto, pero devastador en su significado: en ese patio, Milán no era un niño, era un objetivo.
TAMBIÉN PUEDE LEER: Menores desfiguran el rostro a escolar víctima de bullying
Sus padres hicieron lo que deben hacer cuando el miedo se instala en casa: lo cambiaron de colegio. Apenas quince días antes de su muerte, Milán comenzó a estudiar en otra institución. Parecía el final de la pesadilla. Fue el comienzo del final.
La noche del 21 de agosto de 2026, en el centro de Huancayo, cerca de la calle Real con el jirón Arica, Milán fue citado con el pretexto de una «reunión de despedida». Sus amigos querían despedirse del chico que se había ido. Pero lo que encontró fue una pelea entre estudiantes, un cuchillo y un adolescente de diecisiete años —identificado como Paúl P.G., presuntamente vinculado a grupos escolares conocidos como «Los Chavelos» y «Fuerza Celeste»— que le atravesó el corazón.
La autopsia fue quirúrgica en su crueldad: la hoja entró al pecho y alcanzó el órgano vital. No hubo tiempo tiempo para nada.
Paúl fue detenido y un tribunal ordenó cuatro meses de internamiento preventivo en un centro juvenil. Pero Milán ya no estaba. Lo que quedó fue una madre sosteniendo medallas que ya no brillan, y una pregunta que nadie en Huancayo quería responder: ¿cómo un niño de trece años era extorsionado y termina muerto?
La muerte de Milán no fue un rayo en cielo despejado. Fue la culminación de un sistema que había fallado en cada eslabón. La UGEL de Huancayo, tras el crimen, identificó otras siete escuelas que requerían intervención preventiva por violencia e involucramiento en pandillas escolares: Santa Isabel, Politécnico Regional del Centro, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru, entre otras. El Estado había sabido. Solo que supo tarde.
Lima: el silencio en el autobús
Un mes después, a casi trescientos kilómetros de distancia, otro niño subió a un autobús escolar sin saber que ese viaje lo cambiaría para siempre.
Era el 15 de septiembre de 2026 en el Liceo Naval Almirante Guise, un colegio militar de Lima administrado por el Ministerio de Defensa. El equipo de fútbol de la escuela había perdido un partido. En el camino de regreso, un estudiante de dieciséis años fue sujetado de brazos y piernas por varios compañeros y agredido sexualmente.
Sus gritos, según su propio testimonio, no fueron escuchados. O peor: fueron escuchados e ignorados. Los agresores se reían. Había tres adultos en el autobús. Ninguno intervino.
La víctima declaró después que el acoso no había comenzado esa noche. Llevaba aproximadamente dos años soportando insultos racistas, agresiones verbales y físicas. Dos años en los que el sistema del colegio —un colegio naval, con disciplina, con jerarquía, con normas— no hizo nada. O no quiso hacer nada.
El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes presuntamente implicados, trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como «Maranguita». Otros cuatro estudiantes siguen el proceso en libertad. El tribunal también ordenó medidas de protección para la víctima: prohibición de contacto por redes sociales o cualquier medio, y patrullaje policial en su domicilio.
El gobierno declaró al colegio en «reorganización extraordinaria y temporal», transfiriendo su administración del Ministerio de Defensa al Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre de 2027. La presidenta Keiko Fujimori exigió «todo el peso de la ley». La Marina de Guerra del Perú destituyó a la directora, a un docente y al entrenador de fútbol.
Pero nada de eso borra lo que ocurrió en ese autobús. Nada de eso devuelve la infancia a un adolescente que fue humillado durante dos años y agredido sexualmente mientras tres adultos miraban hacia otro lado.
El patrón
Milán y el estudiante del Liceo Naval nunca se conocieron. Uno murió en una calle de Huancayo; el otro sobrevive con un trauma que lo acompañará toda la vida. Pero sus historias son la misma historia contada dos veces.
En ambos casos hubo acoso prolongado; instituciones que sabían y no actuaron; adultos presentes que no intervinieron y el Estado reaccionó después de la tragedia, no antes.
La muerte de Milán expuso la violencia y las pandillas escolares en Junín. La agresión en el Liceo Naval expuso que ni siquiera un colegio militar, con toda su disciplina y su jerarquía, es inmune al abuso cuando quienes deben proteger miran hacia otro lado.
El Perú tiene leyes contra el acoso escolar. Tiene protocolos. Tiene instituciones. Lo que no tiene, o no ha tenido hasta ahora, es la voluntad de aplicarlos antes de que un niño muera apuñalado o un adolescente sea agredido sexualmente en un autobús escolar.
Milán ya no está. El estudiante del Liceo Naval carga con algo que no debería cargar ningún niño. Y en algún patio de alguna escuela del Perú, acosan a otro menor, mientras los adultos —los que deberían protegerlo— siguen sin hacer nada. La pregunta no es si volverá a pasar. La pregunta es cuándo, y a quién.