Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de anular el juicio en su contra por el caso Cócteles. El objetivo es archivar el proceso penal por delitos de lavado de activos, organización criminal y otros cargos, por los cuales la Fiscalía solicita una condena de 30 años y 10 meses de prisión.
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El habeas corpus, presentado por su defensa legal, pide al TC que anule todas las imputaciones, la acusación formal, el auto de enjuiciamiento y todos los actos realizados hasta la fecha en relación con el presunto delito de lavado de activos y crimen organizado.
Estos cargos se derivan de la presunta recepción de dinero ilegal de la constructora Odebrecht y empresarios nacionales.
NO HAY CASO CÓCTELES
La principal argumentación del habeas corpus es que los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016 no estaban tipificados en el Código Penal en el momento en que supuestamente ocurrieron.
La defensa alega que a Keiko Fujimori se imputa un delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, el cual fue incorporado a la legislación penal recién en 2019.
«Se han imputado delitos [lavado de activos y organización criminal] a la señora Keiko Fujimori por un hecho que, al tiempo de su comisión, no se encontraba sancionado por la ley penal, por lo que las instancias ordinarias no han realizado una adecuada motivación acorde con el principio de legalidad. En consecuencia, la justicia constitucional debe verificar si las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende contienen una adecuada justificación interna y externa de sus premisas que ofrezcan razones justificativas», se lee en el documento presentado.
VULNERAN DERECHOS DE KEIKO FUJIMORI
Giulliana Loza, abogada de Fujimori, también argumenta que se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria de su defendida, ya que actualmente está sometida a comparecencia con restricciones.
Además, señala que se está infringiendo el derecho al plazo razonable, ya que Fujimori fue objeto de una imputación penal desde 2017 que no cumple con el principio de legalidad.
LA JURISPRUDENCIA
En 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al resolver una casación del expresidente Ollanta Humala, determinó que los aportes de campaña pueden constituir lavado de activos si se determina en juicio que tienen un origen ilícito.
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