En un caso que ha generado conmoción en la región, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí logró que se dicte prisión preventiva por ocho meses contra Jhony Quispe F. (38), abogado de la Defensa Pública de Caravelí, Arequipa, investigado por el presunto delito de proposición a menores con fines sexuales. El hecho habría ocurrido en agravio de una menor de 13 años.
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El caso se remonta al 19 de febrero de 2025, cuando el imputado, haciéndose pasar por un joven de 23 años con un negocio de bebidas, contactó a la menor a través de WhatsApp. Tras ganarse su confianza, le ofreció comprarle un libro a cambio de que ella le enviara fotografías de sí misma.
Posteriormente, el acusado habría realizado propuestas de índole sexual a cambio de dinero, según los mensajes extraídos del celular de la menor.
EL OPERATIVO
La situación llegó a su punto crítico cuando la madre de la menor presentó una denuncia, lo que llevó a la organización de un operativo policial el 20 de febrero. Durante la intervención, Quispe F. fue detenido en el momento en que se encontraba con la menor y la trasladaba a otro lugar.
En el operativo, el abogado intentó destruir su celular y posteriormente manifestó su intención de acogerse a una terminación anticipada del proceso.
PRISIÓN PREVENTIVA POR ACOSO
La fiscal adjunta Yolanda Martínez, participó activamente en las diligencias urgentes, mientras que el fiscal provincial Marcos Camacho Ccora sustentó el pedido de prisión preventiva. Entre las pruebas presentadas se encuentran la declaración anticipada de la menor, los mensajes extraídos de su teléfono, los testimonios de sus familiares y el informe de la psicóloga que atendió a la agraviada.
El fiscal a cargo también dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Quispe F., con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen otras posibles víctimas, ya que se han encontrado indicios que apuntan a que el imputado podría haber contactado a otras menores.
SEIS A NUEVE AÑOS DE PRISIÓN
Cabe recordar que, según el Código Penal, quien contacte a un menor de 14 años con el fin de solicitar material pornográfico o proponer actos de connotación sexual puede enfrentar una pena privativa de la libertad de entre seis y nueve años.
Este caso ha puesto en evidencia la gravedad de los delitos contra menores y ha generado un debate sobre la responsabilidad de quienes, como defensores públicos, están llamados a proteger los derechos de los ciudadanos.
