Primero fue la Fiscalía de la Nación que se enfrentó al Congreso al repudiar varios proyectos de ley aprobados por los parlamentarios y ahora en un comunicado conjunto, los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país han expresado su rechazo al proyecto de ley que propone modificar la Ley Contra el Crimen Organizado. Este fue aprobado en primera votación por los congresistas y según estas organizaciones, las enmiendas propuestas pueden aumentar el riesgo para la seguridad ciudadana.
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El documento firmado por la Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, CAPECO y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) critica varios aspectos del proyecto de ley.
Uno de los principales puntos de preocupación es la definición de organizaciones criminales, que ahora requiere que estas controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”.
Esto, argumentan, excluiría a los responsables de delitos de extorsión, secuestro y asalto, que actualmente aterrorizan a la población.
NUEVA LEY DEBILITA PERSECUSIÓN DEL DELITO
También cuestionaron la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometan delitos con penas que superen los seis años de prisión efectiva.
Esta medida, señalan, dejaría fuera a muchas organizaciones involucradas en actos de corrupción, debilitando la capacidad de las autoridades para perseguir estos delitos.
INFORMAR SOBRE ALLANAMIENTOS
Otro cambio controvertido es la nueva disposición que exige que los allanamientos se realicen en presencia del investigado y su abogado.
Los gremios y sindicatos advierten que esto eliminaría el factor sorpresa necesario para estas operaciones y facilitaría el ocultamiento de pruebas por parte de los sospechosos.
LEY AUMENTA LA VULNERABILIDAD
En su comunicado, los gremios y sindicatos instaron al Congreso a reconsiderar estas observaciones en la segunda votación del proyecto de ley.
Asimismo, llamaron al Ejecutivo, al Ministerio Público y al Poder Judicial a pronunciarse sobre estas modificaciones, advirtiendo que, de ser aprobadas, aumentaran la vulnerabilidad de los ciudadanos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores.
“Rechazamos cualquier intento de retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Es vital que nuestras leyes se fortalezcan para proteger a la población y asegurar la justicia”, afirmaron las organizaciones en su declaración conjunta.