En la sentencia N° 01195-2025-PHC/TC el Tribunal Constitucional (TC) no sólo ordenó la libertad de Betssy Chávez Chino. También evidenció deficiencias en la labor que realizan las instituciones de justicia del Perú. La negligencia de la Fiscalía que solicitó de forma tardía la ampliación del plazo de detención preliminar y la actuación ilegal del Poder Judicial que validó la detención arbitraría el derecho a la libertad de la ex autoridad.
La ex premier fue detenida el 20 de junio de 2023 acusada de participar en el presunto intento de autogolpe de estado. A decir de la Fiscalía colaboró con el ex presidente Pedro Castillo Terrones cometiendo el delito de rebelión.
También lea: Investigan a ministro de Justicia como cabecilla de red criminal
El Poder Judicial dispuso a pedido de la Fiscalía la detención preliminar por 18 meses, para asegurar que la procesada no escape ante la gravedad del delito. Dicha plaza terminaba el 19 de diciembre del 2024.
Dicho plazo fue ampliado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por 15 meses. Dictamen que para el TC resulta ilegal puesto que fue validado cuando el plazo de 18 meses de prisión había terminado. Por ende la ex premier debió ser liberada.
Sin embargo, estuvo detenida 8 días sin mandato judicial. A decir de los Magistrados del TC «no se puede sacrificar la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia».
La negligencia de la Fiscalía
Un elemento claro que sustenta la decisión de los magistrados del TC está relacionado con la labor del Ministerio Público. Según se explica terminado el plazo de detención preliminar la Fiscalía no realizó con la debida antelación el pedido de prolongación de la detención.
Según el artículo 274 del Código Procesal el Ministerio Público puede solicitar la prolongación de la prisión preventiva hasta 18 meses en casos complejos. Esto cuando existan circunstancias que dificulten la investigación o que el procesado pueda fugar o influir en el proceso para evadir una sanción.
En el caso de Betssy Chávez la Fiscalía presentó su solicitud el 18 de diciembre de 2024. Es decir, un día antes de termine el plazo la presión preventiva autorizado judicialmente. Esta actuación de la Fiscalía permitió la consumación de la detención arbitraría de la procesada, se precisa en la sentencia.
A entender de los magistrados la solicitud de prolongación de prisión preventiva debe realizarse considerando incluso los plazos que tomará el Poder Judicial en realizar una audiencia y emitir un fallo.
Tener en cuenta esto plazo evitará que el procesado permanezca detenido sin mandato judicial, como prescribe el inciso f del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Betssy Chávez estuvo detenida arbitrariamente 8 días sin un mandato judicial.
Jueces que validan violaciones de derechos
Como en el caso de la Fiscalía en la sentencia N° 01195-2025-PHC/TC se resalta la acción del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que vulneró el derecho a la libertad de la ex premier usando como justificando el periodo de detención sin una resolución judicial con problemas logísticos.
La audiencia para analizar la solicitud fiscal fue programada para el 26 de diciembre de 2024, 8 días después de recibir el pedido. El Juez de Investigación Preparatoria justificó la demora en el desarrollo de la audiencia en «problemas logísticos».
Para los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) resulta inaceptable que en un estado regido por una Constitución se justifique una prisión por cuestiones logísticas. Además, al emitir una resolución conociendo que el plazo de prisión preventiva había terminado es una clara transgresión al derecho a la libertad.
En base a estos argumentos el TC ordenó la nulidad de la resolución que prolongó el mandato de prisión preventiva y dispuso la inmediata libertad de la ex premier Betssy Chávez Chino.
References:
Blackjack boots peatix.com