Aunque la posición de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ruccy Oscco Polar parece autoritaria o populista, su negativa a autorizar el incremento del pasaje urbano de S/ 1.00 a S/ 1.30 responde a un conflicto directo entre la realidad y la legalidad. Por un lado, el alza de los combustibles fundamenta el reclamo del gremio de transportistas; por el otro, el contrato de concesión del SIT frena cualquier subida de la tarifa que no siga el procedimiento legal y técnico establecido.
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En el ámbito del derecho existe una expresión usada habitualmente por los abogados civilistas: «el contrato es ley entre las partes». Este principio, proveniente del derecho romano, implica que lo escrito y acordado en un contrato debe ser respetado por las partes que lo suscriben. La Constitución Política del Perú eleva a norma legal este principio en su artículo 62, garantizando la libertad de contratar y la inviolabilidad de los acuerdos.
Este principio, que brinda seguridad jurídica, es precisamente lo que impide autorizar el incremento solicitado por los transportistas. El contrato de concesión incluyó cláusulas específicas que fijaron la tarifa del pasaje y establecieron el procedimiento exacto para cualquier eventual aumento. Esta condición otorga un respaldo legal sólido a la municipalidad para frenar el alza, aunque a su vez dista de la realidad económica que enfrentan los operadores en las calles.
La Fase Preoperativa: El freno contractual
El pilar fundamental de esta negativa radica en los propios contratos de concesión del SIT. Legalmente, el sistema se encuentra en su fase preoperativa, etapa en la que se estableció expresamente que el pasaje adulto debe mantenerse en S/ 1.00.
Para reestructurar el costo del pasaje o pasar a una tarifa integrada de S/ 1.30 o superior, el sistema debe cumplir con el paso formal a la fase operativa, lo que exige:
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Recaudo electrónico al 100% en todas las unidades.
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Estaciones de transferencia y terminales operativos.
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Renovación total de la flota según los estándares del contrato.
Mientras estas condiciones no se completen al cien por ciento, la MPA incurriría en una ilegalidad al autorizar un alza tarifaria fuera del marco contractual.
Falta de sustento técnico e incumplimiento de adendas
En marzo de 2026, ante protestas y paralizaciones de los transportistas por el incremento del costo de vida y los combustibles, la Municipalidad suscribió un Acta de Cierre de Trato Directo. Este acuerdo permitía evaluar temporalmente la tarifa de S/ 1.30, sujeto dos condición indispensable:
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Un estudio técnico y financiero que demuestre el quiebre del equilibrio económico del servicio.
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Propuestas individuales de adendas debidamente sustentadas.
Seis de los diez consorcios no cumplieron con la entrega de dicha documentación en los plazos fijados. Las empresas Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum Express, no cumplieron con lo acordado frenando todo ajuste.
Sin el respaldo técnico exigido por la Ley de Contrataciones del Estado, la emisión de una resolución municipal que autorice los S/ 1.30, dejaría a la autoridad edil y funcionarios municipales expuestos a denuncias por omisión de funciones o favoritismo.
Amenaza con finalizar contratos de consesión
La postura municipal se ha endurecido en las últimas horas. La alcaldesa Ruccy Oscco informó que la Gerencia de Transporte viene notificando vía carta notarial a seis empresas del sistema (Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum Express), exigiéndoles cumplir con sus compromisos contractuales y restablecer la atención al público.
La respuesta de la comuna ante la paralización o el cobro indebido es tajante: «Si en tres días ellos no regresan a sus rutas a brindar el servicio de transporte a la ciudadanía, se les resolverá el contrato», advirtió Oscco.