Confirman sentencia por peculado a exrectores de la UNSA

Además, se ratificó la reparación civil de 4 millones 350 mil soles. Las exautoridades universitarias deben cumplir 271 jornadas de trabajo comunitario supervisadas por el INPE.

El Ministerio Público de Arequipa logró que el Poder Judicial confirme, en segunda instancia, la sentencia contra los exrectores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Rolando Cornejo Cuervo y Valdemar Medina Hoyos, quienes fueron hallados responsables del delito de peculado doloso. Ambos recibieron una condena de cinco años de pena privativa de la libertad.

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Dado que Cornejo Cuervo tiene 78 años y Medina Hoyos 70, la pena fue sustituida por 271 jornadas de trabajo comunitario, las cuales serán supervisadas por personal del INPE, según dictaminó la Sala de Extinción de Dominio del Poder Judicial. En caso de incumplir estas jornadas o cometer otro delito doloso, ambos serán trasladados al penal.

Además, se ratificó la reparación civil de 4 millones 350 mil soles a favor de la parte agraviada, monto que los exrectores deberán pagar de forma solidaria, y se les inhabilitó para ejercer cualquier cargo público.

CASO ATLÉTICO UNIVERSIDAD

La sentencia se relaciona con irregularidades en el uso de fondos universitarios en beneficio del “Club Atlético Universidad”. Entre marzo de 2003 y diciembre de 2005, bajo la dirección de Cornejo Cuervo como presidente y de Medina Hoyos como vicepresidente, se aprobaron desembolsos y se ejecutaron gastos superiores a los autorizados inicialmente por el Consejo Universitario, ocasionando pérdidas a la universidad por 4 millones 323 mil 78 soles.

Atlético Universidad un proyecto que solo produjo pérdidas a la UNSA.

LA LABOR FISCAL

Este caso de peculado ha atravesado un largo proceso con sentencias tanto condenatorias como absolutorias. En primera instancia, la fiscal provincial Tania Gallegos, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, estuvo a cargo de la investigación y de sostener la acusación contra los imputados.

En segunda instancia, la defensa de la postura del Ministerio Público, fue asumida por la fiscal adjunta Katerine Salazar Calderón, de la Segunda Fiscalía Superior Penal especializada en Corrupción de Funcionarios.

Redacción Tomenota
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