La fiscalía consiguió que el Poder Judicial dicte prisión preventiva por nueve meses para dos sujetos, a quienes la Policía Nacional capturó como presuntos extorsionadores sospechosos de incendiar una llantería en el distrito de Miraflores. Los investigados ahora duermen en el penal. Los investigados por el delito de extorsión agravada responden a los nombres de Antony Martínez C. (ciudadano peruano) y Yexel Hernández de S. (ciudadano venezolano).
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Los hechos remontan al 25 de julio, cuando el comerciante dueño del local comenzó a recibir mensajes y audios amenazantes a través de WhatsApp, donde desconocidos le exigían el pago de una suma de dinero. Aunque intentó denunciar, no consiguió éxito y, por miedo, cambió de número telefónico. Sin embargo, su negocio no escapó de la violencia de los extorsionadores.
Ataque incendiario y captura
En la madrugada del 31 de agosto, sujetos que se movilizaban en una motocicleta atacaron el establecimiento y provocaron un incendio. El trabajo de inteligencia de la unidad especializada de la Policía permitió identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado.
El 7 de septiembre, las autoridades capturaron a Yexel Hernández de S., quien admitió su participación en el incendio y confesó que actuó a cambio de 300 soles que Antony Martínez C. le pagó. Las investigaciones señalaron a Martínez como el autor intelectual que ordenó el ataque. Posteriormente, la Policía detuvo a Martínez, quien optó por guardar silencio.
Las pruebas los hundieron
La investigación de la Fiscalía, a cargo del fiscal adjunto provincial Romel Magdiel Pumalla Alviz, consolidó el caso con evidencia contundente. El equipo recopiló y revisó las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales verificaron que, tras el incendio, un automóvil –que al parecer Martínez conducía– recogió a Hernández.
Este hallazgo se sumó a las declaraciones de la víctima y testigos, actas de reconocimiento fotográfico, un reconocimiento físico en cámara Gesell y una pericia de homologación de voz, lo que formó un cuerpo probatorio sólido. El fiscal utilizó estas pruebas para sustentar exitosamente la solicitud de medida cautelar.
El juez consideró que existía un alto riesgo de fuga, dada la falta de arraigo de los investigados, y decretó su ingreso al penal por los nueve meses que durará la investigación en su contra. De un futuro juicio determinare su culpabilidad, Antony Martínez enfrentaría una pena de hasta diecisiete años y cuatro meses de cárcel, mientras que Yexel Hernández podría recibir una sentencia de diez años.
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