Dictan prisión preventiva para enfermera por tráfico de influencias

La fiscalía consiguió 18 meses de prisión preventiva contra Sussy Angélica Sánchez Gonzales por presuntamente estafar a ocho personas por ofrecer plazas laborales en EsSalud a cambio de dinero.

Durante los próximos 18 meses, la enfermera Sussy Angélica Sánchez Gonzales no podrá acudir a los casinos a apostar, como solía hacerlo. En ese período, su residencia será el penal de Socabaya, al quedar sometida a prisión preventiva mientras se investiga su presunta participación en el delito de tráfico de influencias agravado, por ofrecer plazas laborales en EsSalud a cambio de dinero.

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Según las pesquisas, entre 2022 y 2024, la imputada habría ofrecido a ocho profesionales de la salud (entre ellos obstetras, médicos otorrinos, técnicos de enfermería y odontólogos) interceder ante los responsables de las convocatorias de EsSalud para que obtuvieran plazas según su especialidad. A cambio, exigía el pago de entre 60 mil y 80 mil soles, equivalentes a 12 sueldos.

Las víctimas debían realizar un adelanto para «separar» la plaza, luego pagar el 50% antes del examen o postulación, y el resto una vez adjudicada la vacante. Sin embargo, al no cumplirse lo prometido, los afectados exigieron la devolución del dinero, sin obtener respuesta.

Intento de evitar la prisión

Durante la audiencia de prisión preventiva, Sánchez Gonzales intentó acogerse a la confesión sincera, alegando sufrir ludopatía para reducir su responsabilidad penal. Sin embargo, al no presentar un diagnóstico médico oficial que respaldara su argumento, el juzgado rechazó su solicitud.

Fiscalía logra prisión preventiva

Tras tres días de audiencia, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, representada por la fiscal Karen Farfán, consiguió que se impusieran 18 meses de prisión preventiva contra la enfermera.

El Poder Judicial consideró los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, entre ellos: Videos, grabaciones de voz y mensajes de texto, correos electrónicos y estados de cuenta, bouchers y otros documentos que corroboran los testimonios de las ocho víctimas.

Además, se tuvo en cuenta la falta de arraigo de la imputada y el peligro de fuga, lo que justificó la medida cautelar.

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