Contraloría visibiliza crisis multisectorial en Arequipa

El contraste no podía ser más cruel. Mientras el Contralor General del Perú, César Aguilar Surichaqui, recorría la comisaría de Ciudad Municipal, en el distrito arequipeño de Cerro Colorado, las evidencias de un abandono sistémico se acumulaban con la frialdad de un inventario forense. Las armas y los chalecos antibalas, la primera línea de defensa contra la delincuencia, tenían más de veinte años sobre sus frágiles estructuras.

Eran reliquias de otra época, testigos mudos de una promesa de seguridad incumplida. Los vehículos, quietos y polvorientos, eran apenas montones de chatarra inoperativa. En ese lugar, la lucha contra el crimen parecía librarse con las manos vacías.

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La escena, sin embargo, no era una anomalía local. Aguilar Surichaqui lo advirtió con preocupación: esta es la fotografía que se repite en casi 500 establecimientos policiales a nivel nacional.

«No es posible», declaró, mientras señalaba la precariedad que se extendía hasta los servicios más básicos: el personal se ve forzado a comprar su propio internet o a usar sus computadoras personales, mientras los baños se caen a pedazos por falta de mantenimiento. Es la imagen de un Estado que ha dejado desarmado a su propio escudo.

HOSPITALES ABANDONADOS

Pero la crisis tiene múltiples frentes. Si la policía representa el muro externo, los hospitales son la trinchera interna donde se libra la batalla por la vida. Y esa trinchera también está colapsando.

En el hospital Honorio Delgado, equipos biomédicos cruciales para el servicio de Cardiología yacían inoperativos, incapaces de diagnosticar alteraciones cardíacas. Sin códigos patrimoniales, estas máquinas vitales se vuelven fantasmas en el sistema, excluidas de cualquier mantenimiento. La negligencia administrativa silenciaba los latidos de la esperanza.

La noche en el Hospital Goyeneche pintó un cuadro aún más desolador. La supervisión nocturna desnudó una realidad que la luz del día quizás oculta. Familiares de pacientes dormían en el suelo frío, convertidos en guardianes incómodos en un espacio inhóspito.

Pacientes recibían tratamientos con inyectables en sillones oxidados y deteriorados, mientras la sala de espera fungía, de manera improvisada y peligrosa, como una sala de observación.

El drama de la desidia alcanzó su punto más crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos. La puerta permaneció cerrada durante veinte largos minutos tras el llamado de los auditores. Al abrirse, reveló un espacio que parecía más un dormitorio de personal que un santuario para salvar vidas: camillas y sillones con ropa de cama no hospitalaria.

La ausencia de una enfermera asignada a ese turno completó un cuadro de abandono que ponía en riesgo lo más valioso: la vida humana.

OBRAS MAL HECHAS O INCONCLUSAS

Mientras la salud y la seguridad se resquebrajaban, las obras públicas, supuesto motor del desarrollo, mostraban su propio letargo. El Contralor y sus equipos se desplazaron por la región para encontrar un cementerio de proyectos inconclusos.

El reservorio R-10 en Mariano Melgar, una promesa de agua potable para 42 mil personas, está paralizado con solo un 40% de avance. La obra de la Oficina de Criminalística de la Policía, clave para la lucha anticriminal, también yace detenida, enredada en procesos de arbitraje.

Incluso lo que alguna vez se consideró «terminado» mostraba grietas profundas. La institución educativa Juana Cervantes de Bolognesi, recepcionada en 2019, sufre de filtraciones, ascensores inoperativos y servicios higiénicos defectuosos.

Es el símbolo de una cultura del «parche» y la mala calidad, donde la inauguración es solo el preludio de una nueva lista de problemas.

CONTRALORÍA Y DESTRABE DE OBRAS

Frente a este panorama desolador, la voz del Contralor no se limitó a la denuncia. Aguilar Surichaqui recalcó que su gestión tiene como prioridad el «destrabe» de estas obras, coordinando con las entidades para asegurar que la inversión pública cumpla su promesa de rentabilidad social. Es un intento por resucitar proyectos que, en papel, deberían estar mejorando ya la calidad de vida de los arequipeños.

La jornada de supervisión en Arequipa ha funcionado como un espejo implacable. Refleja un Estado cuyos cimientos —la seguridad, la salud y la infraestructura— presentan severas fracturas. La visita no descubrió nada que los ciudadanos no supieran ya en su experiencia diaria, pero le puso números, detalles y una voz de alta autoridad a un malestar generalizado.