En lo que fue la audiencia de prisión preventiva que más tiempo tardo en resolverse bajo el nuevo modelo procesal es que el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y otros tres investigados en el caso “Los Waykis en la Sombra”.
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El juez Richard Concepción Carhuancho argumentó que Boluarte carece de arraigo domiciliario, laboral y económico, además de sospechas sobre el ocultamiento de pruebas y un posible intento de fuga debido a su cercanía con la mandataria.
La decisión del magistrado podría comprometer su situación en el Poder Judicial tal como sucedió con el oficial Harvey Colchado que lideró el Equipo Especial de Policías en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) y ahora esta aún paso de ser pasado el retiro luego de allanar la casa de la presidenta Dina Boluarte por el «caso Rolex«.
OTROS IMPLICADOS
De la misma manera, se impuso esta medida coercitiva, por el mismo periodo, contra Jorge L. Ortiz Marreros, ex director general de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter; así como contra los investigados Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. Todos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros.
Orden de captura para Nicanor Boluarte
Durante la audiencia del lunes 18 de noviembre, Nicanor Boluarte no compareció de forma presencial ni virtual, lo que llevó a suspender la sesión hasta el martes. Su abogado, Luis Vivanco, declaró no haber logrado contactarlo ni ubicarlo. Ante esta situación, el Poder Judicial emitió una orden de captura nacional e internacional.
“Waykis en la sombra”
Este caso implica una supuesta red de tráfico de influencias y corrupción, donde Nicanor Boluarte y otros son acusados de intervenir en la designación irregular de prefectos y subprefectos en varias regiones del país.
La Fiscalía también investiga si lideró una organización criminal para controlar la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior.
Pronunciamiento de los políticos
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) deberá proceder con la captura en caso de fuga. “El hermano de la presidenta está involucrado en una imputación penal. Si se fuga, la policía tendrá que actuar según lo dispuesto por el juzgado”, comentó.