¿Por qué la MPA no puede legalizar a las «loncheritas»?: Las razones técnicas y legales

Tras las recientes protestas de los transportistas de las denominadas «loncheritas», una pregunta resuena entre los usuarios: ¿Por qué la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) se niega a otorgarles el permiso de funcionamiento, pese a que cubren rutas donde el transporte formal no llega?

La respuesta es estrictamente jurídica: la MPA no tiene la facultad legal para hacerlo. Aunque la comuna emite las autorizaciones, estas deben alinearse obligatoriamente a la Ley General de Transporte y al Reglamento Nacional de Administración de Transporte (D.S. № 017-2009-MTC). Otorgar un permiso fuera de este marco expondría al alcalde Víctor Hugo Rivera y a sus funcionarios a sanciones administrativas y denuncias penales por abuso de autoridad.

El factor determinante: El peso y la seguridad técnica

El principal impedimento radica en las características físicas de las unidades. Según el artículo 10 del reglamento nacional, el servicio de transporte urbano debe realizarse preferentemente en vehículos de la Categoría M3 (buses grandes).

La norma establece diferencias abismales frente a lo que ofrecen las «loncheritas»:

• Requisito de Peso: Los vehículos autorizados deben tener un Peso Bruto Vehicular (PBV) mínimo de 5 toneladas.

• La realidad de las «loncheritas»: Estas unidades pertenecen a la Categoría M1 (autos/minivans particulares) y tienen un peso bruto que oscila entre las 1.2 y 2 toneladas. Existe una brecha de al menos 3 toneladas respecto al estándar de seguridad exigido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Si bien la MPA ha deslizado la posibilidad de autorizar vehículos de Categoría M2 (unidades medianas), estos solo podrían operar como rutas alimentadoras en zonas periféricas y jamás en las vías principales ya concesionadas.

El conflicto con las concesiones del SIT

Además del factor técnico, existe un obstáculo contractual. A través del Sistema Integrado de Transporte (SIT), la MPA ya concesionó las rutas a empresas que cumplieron con estándares de capacidad superiores a los mínimos legales.

Permitir el ingreso de las «loncheritas» implicaría vulnerar la normativa nacional e incumplir los contratos de concesión vigentes. Si la comuna rompe estos contratos de forma unilateral para formalizar a unidades menores, las empresas concesionarias podrían entablar demandas civiles millonarias por daños y perjuicios, afectando gravemente el presupuesto de la ciudad.