El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, enfrenta una grave investigación fiscal que lo señala como presunto líder de una organización criminal. Según la Fiscalía, esta red operaría desde su etapa como ministro del Interior, iniciada en mayo de 2024, y se habría mantenido activa tras su llegada al Ministerio de Justicia. Las acusaciones incluyen tráfico de influencias, cohecho y manipulación de procesos públicos en perjuicio del Estado.
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Entre los casos investigados destaca el presunto favorecimiento ilícito en la contratación de defensores para cinco generales de la Policía Nacional. Según las pesquisas, se habrían adaptado los términos de referencia para beneficiar al abogado Percy Tenorio, operador cercano a Santiváñez, con pagos que alcanzaron los 200 mil soles por defensa. Además, se investigan supuestos cobros de 20 mil dólares a oficiales para asegurar su permanencia en cargos clave.
NICANOR BOLUARTE Y EL DORADO
La trama también abarca un operativo manipulado a favor del empresario Franco Parodi para recuperar la mina El Dorado en Ayacucho. La Fiscalía sostiene que Santiváñez habría recibido 160 mil dólares en sobornos para ejecutar esta acción irregular.
Asimismo, se habría solicitado que la minera contrate como consultor a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, aparentemente para otorgarle arraigo laboral y evitar su prisión preventiva.
PERCY TENORIO Y EL MINISTRO
El abogado Percy Tenorio desempeñaría un rol crucial en esta estructura, actuando como intermediario y custodio de documentos comprometedores. Entre estos se encontrarían comunicaciones y bienes personales de Santiváñez que podrían vincularlo con otras causas pendientes.
La Fiscalía realizó allanamientos en su estudio jurídico y en viviendas de otros implicados, recopilando evidencias sustanciales.
BOLUARTE NIEGA TODO
Nicanor Boluarte, por su parte, negó categóricamente cualquier vínculo con el ministro o con los hechos investigados. Calificó el allanamiento a su domicilio como un acto arbitrario y afirmó ser víctima de persecución política por su parentesco con la presidenta. «No soy parte de este proceso ni tengo imputación alguna», declaró a la prensa.
APOYO DESDE EL GOBIERNO A SANTIVÁÑEZ
Pese a la gravedad de las acusaciones, el gobierno mantiene su apoyo a Santiváñez. El primer ministro Eduardo Arana descartó su renuncia y defendió su idoneidad para el cargo, argumentando que las investigaciones deben seguir su curso. La presidenta Boluarte, por su parte, acusó a la Fiscalía de actuar sin fundamentos y buscar la desestabilización de su gestión.
La crisis política se enmarca en un contexto de baja popularidad del gobierno, que ronda el 4% de aprobación según las últimas encuestas. La oposición exige la salida inmediata de Santiváñez y critica la aparente protección que recibe del Ejecutivo.
