El Ministerio del Interior ha aumentado la recompensa por información que lleve a la captura de Vladimir Cerrón, quien ha estado prófugo durante diez meses. La suma ofrecida pasó de S/ 100,000 a S/ 200,000, convirtiéndose en una de las recompensas más altas otorgadas hasta la fecha por el Programa de Recompensas del Mininter.
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«El nuevo monto de S/ 200,000 refleja la importancia de capturar al prófugo Vladimir Cerrón. Esta cifra dobla la recompensa inicial, subrayando el compromiso del Ministerio con la justicia», anunciaron a través de sus redes sociales.

En octubre de 2023, cuando se confirmó la fuga de Cerrón Rojas, el Ministerio del Interior ofreció inicialmente S/ 100,000 por información que facilitara su arresto. En ese momento, el líder de Perú Libre enfrentaba una condena de tres años y medio de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, sentencia que fue ratificada por la segunda instancia del Poder Judicial.
Desde entonces, Vladimir Cerrón ha recibido dos órdenes de prisión preventiva por 36 meses cada una, debido al incumplimiento de las reglas de conducta impuestas como parte de su comparecencia restringida.
REACCIÓN DE CERRÓN
Desde la clandestinidad, Cerrón Rojas reaccionó al incremento de la recompensa a través de su cuenta en «X» (anteriormente Twitter). En su mensaje, criticó lo que considera una «falta de liderazgo moral» en el Ministerio del Interior, el Gobierno y el modelo neoliberal en general.
«El problema no es el monto de la recompensa, es la falta de liderazgo moral del Mininter, del Gobierno y del modelo neoliberal», expresó.
SEGUNDA GOLPE EN LA SEMANA
El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, y su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón, no podrán beneficiarse de la ley sobre crimen organizado que ellos mismos impulsaron desde el Congreso. El juez Jorge Chávez Tamariz resolvió que ambos fundadores del partido Perú Libre sigan bajo investigación por el presunto delito de organización criminal en el Caso «Los Dinámicos del Centro».

El magistrado declaró infundado un recurso de improcedencia de acción planteado por los hermanos Cerrón con el fin de que se les archive el delito de organización criminal. Para ello, se ampararon en la Ley 32108, recientemente promulgada por insistencia por el Parlamento ante el mutis del gobierno de Dina Boluarte.


