El Poder Ejecutivo peruano tiene la facultad de observar tanto de fondo como de forma a una autógrafa enviada por el Poder Legislativo, sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte, parece haber abdicado a esa facultad permitiendo la promulgación de normas como la ley que favorece al crimen organizado cuando la inseguridad reina en el país.
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Y es que el jueves 08 de agosto en el Peruano, se promulgó la ley Nro. 32108 que redefine el concepto de organización criminal en el país.
El impulsor de la norma fue Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso e integrante del partido Perú Libre, cuyo hermano Vladimir Cerrón, este prófugo de la justicia al ser sentenciado por delito de corrupción y lavado de activos. Además, tiene varias investigaciones en curso en la fiscalía por el mismo delito.
Incluso, el mismo Waldemar Cerrón, es investigado por el delito de lavado de activos por la fiscalía.
FIN DE ALLANAMIENTOS SORPRESA
Ante los cambios en la ley ahora queda establecido que entre los procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares se dispone que los allanamientos se realicen con presencia del interesado y de su abogado.
La pena por el delito de organización criminal será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días-multa e inhabilitación.
Asimismo la sanción será no menor de 15 ni mayor 20 años cuando el agente tiene la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal; cuando se causa la muerte de una persona o lesiones graves; cuando la organización criminal tiene carácter transnacional, o cuando se desarrolla el delito desde un establecimiento penitenciario o mediante cualquier tecnología de la información o de la comunicación.
LEY PERJUDICA LA PERSECUCIÓN DEL DELITO
El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, señaló que la ley que modifica los alcances del crimen organizado, promulgado por el Congreso, complicará la lucha contra diversos delitos, como la corrupción de funcionarios, las estafas y la trata.
“La ley prescribe que el fin de la organización criminal tiene que ser obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal con fines de obtener un beneficio económico. Sin embargo, el legislador no explica qué es este elemento, no hay una exposición de motivos”, argumentó.
Explicó que uno de los delitos que tiene control en la cadena de valor en una economía es el narcotráfico, pero en otros delitos será muy complicado esclarecer el control de la cadena de valor porque salen del marco de la organización criminal, como el delito de corrupción de funcionarios.
Advirtió que muchas investigaciones actuales se podrían archivar o derivar a fiscalías menos especializadas, lo que afectaría la persecución del crimen.
MÁS PRONUNCIAMIENTOS CONTRA LA LEY
Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas indicó “Esta ley favorece claramente al crimen organizado vinculado a las extorsiones, el secuestro, robo agravado, corrupción. Excluye del tipo penal “crimen organizado” a todos los delitos que no generan “cadenas de valor”.
Sostuvo que los principales beneficiados son “Los Waykis en la Sombra”, organización criminal investigada por la fiscalía donde esta involucrado Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, mandataria del Perú.